Those of us in public safety all too often see the tragic consequences of an individual’s decision to drive under the influence of alcohol or drugs. We meet families who have suffered unspeakable — and preventable — losses, and we search for ways to make a difference, to prevent the next tragedy before it happens.
As a result of the tragic death last year of 11-year-old Leandra Rosado, and the heroic advocacy of her father, Lenny Rosado, New York State now has the toughest anti-drunken driving law in the nation. And this summer, the consequences for this potentially deportable offense will be greater, even for first-time offenders.
In August, the second prong of “Leandra’s Law” takes effect and will require that everyone convicted of a drunken driving offense — felony or misdemeanor, chronic offender or first-timer — install at their own expense an ignition interlock device that will prevent their vehicle from starting if they have been drinking. It will be a burden. It will be an expense. It’s about time.
The most recent statistics available from the state Department of Motor Vehicles reveal that, in 2008, police reported 9,202 alcohol-related crashes — 355 of them resulting in deaths and nearly 7,000 resulting in injury. One hundred and twenty seven of those injured or killed were under the age of 10, 100 were under the age of 14 and 488 were 17 or younger. The haunting fact is that a great many of these accidents were entirely preventable.
Leandra Rosado’s death — she was killed in October while riding in a vehicle with an allegedly intoxicated driver in Manhattan — highlighted serious flaws in New York’s drunken driving statutes.Gov. David A. Paterson and the New York State Legislature responded by enacting an appropriately harsh law.
Now, any adult who makes the reckless decision to drive drunk with a child in the car faces a felony charge and a term in state prison. A parent or guardian who acts so recklessly will be reported to the Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment.
Law enforcement agencies are reporting about 40 Leandra Law arrests monthly, but we would much prefer to deter drunken driving and change behavior than rack up arrests. That’s where the interlock provision, which takes effect Aug. 15, comes in. Interlock devices are a burden, an embarrassment and an expense, but we believe they discourage not only the particular individual forced to install one, but others who will now think twice about drinking and driving.
These are, admittedly, tough sanctions. But they are necessary to deter those who would drive drunk, punish those who choose to flout the law and send a clear message to every motorist in New York State: Drunken and impaired driving will not be tolerated.
Mary B. Kavaney is New York State Deputy Secretary for Public Safety.

Por Mary Kavaney
Subsecretaria de Seguridad Pública del Estado de Nueva York

Los que trabajamos en el ámbito de la seguridad pública vemos con demasiada frecuencia las trágicas consecuencias de que una persona tome la decisión de conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas. En el curso de nuestra tarea conocemos a familias que han sufrido pérdidas indescriptibles –y evitables–, y buscamos maneras de hacer una diferencia, de prevenir la siguiente tragedia antes de que ocurra.

Como resultado de la trágica muerte de Leandra Rosado, de 11 años, ocurrida el año pasado, y la heroica lucha de su padre, Lenny Rosado, hoy en día el Estado de Nueva York cuenta con la legislación más rigurosa del país para evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol. Este verano, las consecuencias de este delito, entra la cuales está la deportación del responsable, serán aun mayores, incluso para aquellos que cometan la infracción por primera vez. 

Este verano entrará en vigencia la segunda medida reglamentada por la «Ley Leandra», que implica que todos aquellos que hayan sido condenados por conducir alcoholizados –ya sea por delito grave o menor, se trate de un reincidente o un primerizo– instalen en su vehículo y a su propio costo un dispositivo de bloqueo del arranque que evitará que conduzcan si han bebido alcohol. Esto implicará una carga y un gasto para el infractor. Y ya era hora de que se tomara una medida como ésta.

Las estadísticas más recientes de Departamento de Vehículos Motorizados del Estado (Department of Motor Vehicules)  demuestran que en 2008 la policía registró 9,202 accidentes automovilísticos relacionados con el alcohol –355 de ellos provocaron muertes y alrededor de 7,000 ocasionaron lesiones–. Ciento veintisiete de las personas heridas o fallecidas en dichos accidentes tenían menos de 10 años, 100 de ellas tenían menos de 14, y 488 tenían 17 años o menos. Lo más inquietante es que la gran mayoría de estos accidentes eran absolutamente evitables.

La muerte de Leandra Rosado –ocurrida en octubre de 2009 en Manhattan mientras viajaba en un vehículo conducido por una persona que supuestamente se encontraba ebria– puso en relieve una serie de fallas en la legislación relativa a la conducción de vehículos por motoristas en estado de ebriedad en el estado de Nueva York. En respuesta a este hecho, el gobernador David A. Paterson y la Legislatura del Estado de Nueva York promulgaron una ley más apropiada y rigurosa. Ahora, si un adulto toma la decisión imprudente de conducir en estado de ebriedad con un menor dentro del vehículo, es considerado responsable de un delito grave y debe cumplir una condena en una prisión del Estado. Si uno de los padres o el tutor de un menor comete esta imprudencia, será denunciado al Registro Estatal Central de Abuso y Maltrato de Menores.

Actualmente, las agencias de seguridad están denunciando alrededor de 40 arrestos mensuales a raíz de la Ley Leandra, pero en lugar de que aumenten los arrestos sería preferible que la ley logre disuadir a los individuos de conducir bajo la influencia del alcohol. Por esta razón se implementará la medida del dispositivo de bloqueo, que entrará en vigencia el 15 de agosto. Los dispositivos de bloqueo son una carga, provocan vergüenza e implican un gasto, pero creemos que lograrán disuadir no sólo al individuo que es obligado a instalarlo, sino también a otras personas que ahora lo pensarán dos veces antes de conducir bajo los efectos del alcohol.

Hay que reconocer que estas sanciones son realmente duras, pero son necesarias para impedir que las personas conduzcan en estado de ebriedad, para castigar a aquellos que han desobedecido la ley, y para enviar un mensaje claro y enérgico a todos los individuos que conducen vehículos motorizados en el estado de Nueva York: no toleraremos que conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas.